RESUMEN: Con la reforma parcial de la actual Ley del Arbitraje, España pretende en primer lugar unificar los criterios sobre las cuestiones relevantes para el arbitraje, centrando la competencia en los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas, siendo los juzgados de primera instancia únicamente competentes para la ejecución de los laudos arbitrales. Se regula expresamente el arbitraje societario para la solución de conflictos dentro de sociedades de capital y con sus socios. No es preciso que el árbitro en arbitrajes de derecho sea abogado, siendo suficiente la condición de jurista. La actividad previa como mediador es incompatible con el cargo de un árbitro. El laudo requiere siempre una motivación, no siendo posible un acuerdo en sentido contrario de las partes. En caso de un arbitraje institucional, la institución debe velar por la capacidad e independencia del árbitro, quien a su vez tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. La no observación del plazo de 6 meses para dictar el laudo, que se mantiene, no afecta a la validez del la cláusula arbitral ni del propio laudo. En caso de un procedimiento concursal, se mantiene en principio la validez del compromiso arbitral. Finalmente, se establece un mecanismo de solución de conflictos para las disputas entre la Administración General del Estado y sus diferentes organizaciones.

SUMÁRIO: Introducción; I – Descripción de las modificaciones; 1 Reasignación de las funciones judiciales; 2 Plazo para la proposición de la declinatoria; 3 El arbitraje societario; 4 Arbitraje institucional; 5 Reformas respecto al árbitro; a) Requisito a la formación profesional; b) Incompatibilidades; c) Ningún recurso contra las decisiones definitivas; d) Seguros; 6 El idioma del arbitraje; 7 El laudo; a) Incumplimiento del plazo para dictar el laudo; b) Exclusión del voto disidente; c) Motivación del laudo; d) Corrección en caso de extralimitación del laudo; 8 La anulación del laudo; 9 Cosa juzgada y revisión de laudos; 10 Medidas cautelares; II – Arbitraje y ley concursal; III – Solución de conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus entes instrumentales; Resumen.